Publicada en El Socialista n° 17, Madrid, 2 de julio de 1886, p. 2.
CARTA DE FRANCIA
París, 27 de junio de 1886.
El domingo pasado, según habrán sabido por los periódicos, terminó la vista de la causa formada a consecuencia de la muerte de Watrin, subdirector de las minas de Decazeville. Los acusados eran diez, todos mineros, entre ellos dos mujeres.
Lescure, Bedel, Blanc y Caussanel fueron reconocidos culpables por el Jurado, con circunstancias atenuantes.
Souquieres, Chapsal, Puech, Granier y las dos mujeres, Pendaries, casada, y Phalip, soltera, fueron absueltos y puestos inmediatamente en libertad.
En vista del veredicto del Jurado, el tribunal de Rodes dictó sentencia condenando a Bedel a ocho años de cadena; a Lescure a siete años de reclusión; a Blanc a seis años de reclusión, y a Caussanel a cinco años de reclusión.
Al salir de la Audiencia, Caussanel, joven de diesisiete años, gritó «¡Viva la república social!»
He ahí terminado ese colosal proceso, singular epílogo de la huelga de los ciento ocho días, y cuya vista había durado cerca de una semana. Este ha sido el último incidente de la batalla ganada por los trabajadores.
La justicia había puesto en uno de los platillos de su balanza el cadáver del ingeniero Watrin; el ministerio fiscal reclamaba del Jurado, para hacer contrapeso, diez sentencias de muerte, y tendrá que contentarse con veintiséis años de prisión, repartidos entre cuatro condenados.
Se habían reunido testigos por centenares. Se había echado mano de todo el que en Decazeville era enemigo encubierto o declarado de los huelguistas. La Compañía había soltado todos sus agentes, sus ingenieros, sus criados, sus dependientes más ínfimos.
El presidente del tribunal, desplegando toda su habilidad de togado, había preparado de tal modo las preguntas a los testigos adversos de los acusados, que estas preguntas dictaban de antemano las respuestas, y había intimidado, por contra, a los testigos independientes, sometiéndolos, como a los acusados, a un interrogatorio sembrado de lazos, de trampas y emboscadas.
Los vencidos de la huelga de Decazeville esperaban como revancha diez sentencias aterradoras. Y de los diez acusados, seis han sido declarados inocentes, y los otros cuatro, reconocidos culpables de simple homicidio, fueron declarados excusables en vista de las circunstancias que habían concurrido al acto.
Y sin embargo, este veredicto del Jurado burgués, si bien no ha dado completa satisfacción a los odios de una magistratura al servicio de la poderosa Compañía del Aveyrón, es aun así demasiado severo. ¡Cómo! ¿No habían visto en el curso de los prolongados debates que el verdadero acusado era el que el tribunal y sus agentes presentaban como víctima?
La pregunta sobre la cual insistía particularmente el presidente del tribunal y que dirigía sin variar a cada inculpado o testigo, era la siguiente:
«¿Por qué todo el mundo odiaba a Watrin?»
Y los diez, sentados en el banco de la ignominia, contestan:
«Porque era injusto.—Porque nos escatimaba una parte de nuestros salarios.—Porque me había despedido y me impedía ir a buscar trabajo a otra parte, es decir, que me condenaba a morir de hambre.—Porque, dice Eulalia Phalip, yo ganaba veintiocho sueldos (cinco reales) diarios.—Porque mi marido se ha quedado inútil a su servicio, dice la mujer de Pendariés.—Porque mi padre murió por su culpa, replica Bedel.—Porque nos reducía a la miseria, afirman todos unánimes.»
Los empleados mismos de la Compañía se ven obligados a confesar, aunque aleccionados de antemano, que el subdirector «era severo», que «quería que se trabajase», que hacía cuanto era posible hacer «por la prosperidad de la Sociedad carbonífera».
Y las personas que por su situación son independientes no vacilan en declarar que se atribuía a Watrin el empobrecimiento creciente de la población de Decazeville; que por doquiera se oía proferir amenazas contra él.
¿Pero ese cadáver condenado debe servir de abrigo a los demás culpables? Sin duda, el ejecutado del 26 de enero era criminal, pero a la manera del cómplice osado que ejecuta la fechoría tramada por muchos.
Detrás de Watrin estaba el director, y detrás del director el Consejo de Administración de la nueva Sociedad de Minas y Fundiciones del Aveyrón. Ese Consejo de Administración no ha desaparecido, y Watrin no estaba ya en el mundo cuando una nueva reducción de salarios, la que dio origen a la huelga de los ciento ocho días, fue decretada.
No fue Watrin quien requirió el envío a Decazeville de una guarnición de 2.000 hombres, ni quien por sus manejos, provocaciones, vejaciones e insolencias reiteradas trató de fomentar una segunda explosión de cólera popular.
La opinión del Proletariado entero no se ha engañado en este punto; ha pronunciado ya su sentencia, que es inapelable. Los responsables de todo lo sucedido son los capitalistas que, sentados cómodamente en una sala de deliberación, ordenan a sus servidores y agentes que aumenten los beneficios y disminuyan los gastos de explotación, que «revisen las tarifas».
Si no hubiese salido una orden de París, el subdirector, encargado de la ejecución de esta orden, no habría perecido a manos de las turbas justamente indignadas, y no veríamos hoy cuatro honrados trabajadores condenados al horrible tormento de una larga reclusión, mientras que los verdaderos culpables quedan impunes y disfrutan tranquilamente de sus riquezas amasadas con sangre y lágrimas.
Esperamos que el día en que se vea la causa de esos eminentes criminales la justicia popular les aplicará la pena del Talión: ojo por ojo, diente por diente.
__________
El Parlamento francés, después de muchas idas y venidas, después de largas vacilaciones e interminables debates en que la mayoría de los republicanos burgueses han mostrado sus orejas monárquicas, votó al fin, por consideraciones de gobierno y por una insignificante minoría, la expulsión de los pretendientes al trono y sus herederos directos, o sea el príncipe Jerónimo Bonaparte y su hijo Víctor, y el conde de París y su hijo mayor Enrique de Orleans.
A estas horas han abandonado el territorio francés—¡infelices desterrados!—y van a habitar tristemente los dorados palacios que poseen en el extranjero y a conspirar desde allí—cuestión de matar el tiempo—en connivencia con los demás príncipes, Orleanes y Bonapartes, que la República no se ha atrevido a molestar.
¿Pero saben ustedes a qué precio y en qué condiciones ha obtenido el Gobierno los votos necesarios para la ley de expulsión? Apuesto cualquiera cosa a que no lo adivinan. Pues ha sido con la condición expresa y en vista de la solemne promesa del presidente del Consejo de ministros de que una era de represión enérgica, implacable, se abrirá desde hoy para los partidos extremos. Así lo han exigido los principales oradores de la Cámara y del Senado y lo proclaman hoy como una nueva política los órganos más autorizados del republicanismo burgués.
Así lo quiere «el derecho común», al mismo tiempo que la necesidad para ciertas gentes de levantar un trono entre ellos y «la otra extremidad de la opinión», léase el socialismo.