Publicada en El Socialista n° 7, Madrid, 23 abril 1886, pp. 2-3
París, 17 de abril de 1886.
A la hora en que doy principio a estas líneas la causa formada a los ciudadanos Duc-Quercy y Roche, por el imperdonable delito de haber hecho causa común con los huelguistas de Decazeville, y haberlos sostenido con sus consejos y con su pluma, se juzga ante el tribunal de Villefranche, departamento del Aveyrón. Los periodistas que se han puesto de parte de la Compañía expoliadora—seamos corteses—quien con sus escandalosas exacciones ha provocado la huelga, están naturalmente en libertad, y algunos de ellos servirán de testigos en contra de sus colegas atropellados. Todo esto se halla dentro del orden burgués.
A este propósito un periódico recuerda oportunamente que en los últimos años del Imperio el obrero Assi, encausado en las mismas condiciones que los ciudadanos Quercy y Roche, en plena huelga del Creuzot, encontró en Chalons un tribunal para absolverle.
Apostaré, sin ser profeta, que los jueces republicanos de Villefranche serán menos independientes que los jueces bonapartistas de Chalons.
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Según en mi anterior decía, el Gobierno parece perseguido por un mal genio—el genio de la burguesía en decadencia—en este asunto de Decazeville: todo le sale al revés.
No atreviéndose a procesar a Basly, por las causas que ya conocen, aun cuando la mayoría de la Cámara le incitaba a hacerlo, echó mano del medio jesuítico y antiparlamentario de negarle la prórroga de licencia que aquél solicitaba, negativa que, después de todo, no implicaba otra pena que la suspensión de sus honorarios los días que permaneciera ausente sin licencia. Pero como, según un artículo del reglamento, «es considerado ausente sin licencia el diputado que durante seis sesiones consecutivas no haya respondido a las votaciones nominales o no haya tomado parte en los trabajos de las Comisiones, etc.»; y como desde el sábado último hasta el martes o miércoles de la semana entrante, en que el Parlamento suspenderá sus sesiones por un mes, celebrará de seis a siete sesiones, todo lo más, basta con que nuestro compañero Basly, que acaba de llegar de Decazeville, asista hoy, como asistirá, a la sesión de la Cámara, para que su licencia quede prorrogada de hecho, y a pesar del voto escandaloso de la mayoría, por un mes más.
Y el diputado obrero volverá el lunes a Decazeville, a consagrarse con todo el ardor de sus convicciones al sostenimiento de la huelga y a la organización de las fuerzas proletarias de aquel país, para desesperación de la Compañía explotadora y de sus protectores: el Gobierno y la mayoría parlamentaria.
Es indudable que la burguesía francesa ha llegado a uno de esos momentos críticos de que nos habla la Escritura: «Tiene ojos, y no ve; tiene oídos, y no oye.»
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Y en esto los subsidios siguen afluyendo a Decazeville: los huelguistas reciben fondos de todas partes. El ayuntamiento de Decize (departamento de la Niévre) ha votado 200 francos, y el de Constantina (Argelia) 500, para socorrer a los huelguistas. La suscripción de Le Cri du Peuple asciende ya a cuarenta mil y pico de francos; la de L’Intransigeant a dieciséis mil y pico. El primero de estos periódicos remite todos los días próximamente mil francos a la Cámara sindical de mineros de Decazeville. Varios otros periódicos de París y de provincias han abierto igualmente en sus columnas suscripciones a favor de los mineros en huelga.
Según nota comunicada ayer a la Prensa por el grupo obrero de la Cámara, «los mineros tienen recursos suficientes para resistir más de un mes, sin contar la remesa de nuevos fondos que siguen recogiéndose y enviándoseles».
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Los meetings a beneficio de los mineros se suceden sin interrupción, produciendo abundante cosecha de francos y medios, que van a engrosar la Caja de los valientes huelguistas. En el que tuvo lugar el lunes pasado, en la sala Lévis, surgió la idea de fundar en París un «Comité Central de socorros para los mineros de Decazeville». Esta proposición, adoptada por unanimidad, fue formulada en los términos siguientes:
«Los ciudadanos reunidos el 12 de abril en la sala Lévis invitan a Le Cri du Peuple y a L’Intransigeant a que se pongan de acuerdo con los diputados y consejeros municipales socialistas para constituir en París un Comité Central de socorros a los mineros de Decazeville.
»Dicho Comité tendrá la misión de ponerse de acuerdo con el Comité de resistencia de Decazeville y buscar todos los medios posibles de crear recursos, con el fin de mantener constantemente en equilibrio la Caja de los mineros; abrir una suscripción de cuotas periódicas; organizar en París un servicio de recaudadores por oficios y profesiones, y cuando sea posible por talleres, y establecer relaciones con todos los centros obreros de Francia.»
Cuantos trabajan por la emancipación del proletariado aplaudirán este proyecto de organización. En París, como en Decazeville mismo, debemos aprovecharnos de las circunstancias para organizar la clase obrera, no sólo para la lucha presente e inmediata, que es la huelga, sino para luchas de otro género y de otra magnitud que nos reserva el porvenir. Todo lo que se haga en este sentido será siempre poco. «Organizar, organizar», debe ser el lema de los hombres que constituyen los diferentes Partidos Obreros de Europa.
Por eso, los esfuerzos empleados para agrupar los mineros del Aveyrón, en vista de la resistencia, no quedarán estériles; y aun cuando la huelga no tenga el éxito que nosotros deseamos, la organización quedará y en ella el espíritu que la ha engendrado, ese «espíritu socialista» de que tanto hablan los diarios burgueses, y que no les deja dormir tranquilos.
«La población se ha metamorfoseado, exclama el más grave de estos órganos, refiriéndose a la población minera de Decazeville; hoy se halla invadida de un mal que no tiene cura.»
Tiene razón el colega: es el mal incurable de que morirá la burguesía.
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París, 18 de abril de 1886.
Los ciudadanos Duc-Quercy y Roche comparecieron ayer, según he anunciado, ante el tribunal correccional de Villefranche. Sus defensores, Laguerre y Millerand, diputados de la extrema izquierda, pedían al tribunal que se declarara incompetente, puesto que habiendo sido los hechos de que se acusaba a sus defendidos cometidos por medio de la palabra escrita y la palabra hablada, sólo podían ser penados por las leyes de Imprenta y de Reunión de 1881, y caían por lo tanto bajo la jurisdicción del Jurado (Cour d’Assise).
Todo el interés del debate consistía, pues, en la actitud que adoptarían unos jueces que se llaman a sí mismos republicanos y que se encontraban en la alternativa de adoptar la jurisprudencia seguida hasta ahora por todos los tribunales desde la promulgación de aquella ley, o mostrarse más reaccionarios aún que los tribunales oportunistas y que los tribunales del Imperio.
Los jueces de Villefranche, después de haber consultado telegráficamente al Ministro de la Justicia, se han declarado competentes, aboliendo de un rasgo la ley de Imprenta, actualmente en vigor, y la jurisprudencia establecida en la materia de cinco años a esta parte. Y todo para obedecer a la consigna de los príncipes de la mina y de la banca, nuevos señores de horca y cuchillo.
Los jueces de Villefranche han hecho bien en advertirnos repetidas veces que «son independientes» como ciertas damas nos hablan a cada momento de «su virtud».
El auto de declaración de competencia se funda en una sola razón, si así puede llamarse: en que los delitos cometidos por vía de la imprenta son delitos de derecho común y deben ser castigados por el Código Penal. Antigua y gastada argumentación de todos los poderes burgueses, y no por eso menos sofísticos. Si el orador o el escritor son susceptibles de cometer un delito común, o para hablar con más propiedad, un delito por medio de la palabra o de la pluma, ¿de qué sirven ¡oh hipócrita burguesía! vuestras leyes de Imprenta y de Reunión?
Como era de esperar, pronunciada la competencia del tribunal correccional, con menosprecio de la ley y de la jurisprudencia, los acusados y sus defensores se retiraron declarando que apelarían al Tribunal de Casación, y dejando a los jueces «independientes» de Villefranche que debatiesen la cuestión a solas con su conciencia… o con sus intereses.
Pero si los debates de ayer, puramente jurídicos, han ofrecido un interés escaso desde el punto de vista de los hechos que constituían el fondo de la cuestión, en cambio las acusaciones del Ministerio fiscal presentan el carácter de verdaderas revelaciones, que formarán indudablemente uno de los documentos más preciosos para la historia de este periodo de decadencia de la burguesía.
En tres puntos se dividen, según el fiscal, los actos cometidos por los acusados para impedir a los mineros volver a la mina:
1.° Las noticias falsas remitidas a sus periódicos respectivos.
2.° Los discursos proferidos, con el mismo objeto, en reuniones públicas o privadas.
3.° Y finalmente, un conjunto de actos encaminados a transformar el movimiento económico de la huelga en movimiento socialista.
De suerte que en plena República democrático-radical la propaganda de las ideas socialistas no es un derecho sino un crimen. De suerte que el hecho de demostrar al trabajador ignorante o inconsciente que en esa lucha desigual y aislada con el capital todopoderoso no logrará nunca, si algo logra, que mejoras insignificantes, y que es preciso que se asocie, que se organice para alcanzar su emancipación completa, constituye el mayor de los atentados contra las instituciones existentes. Tiempo ha que nosotros lo sabíamos; pero bueno es que se diga y se repita, por boca de los mismos gobernantes, para que todos lo aprendan.
«¿Qué es el socialismo?— pregunta el Ministerio fiscal.—Si se entiende por esta palabra la ley sobre Cámaras sindicales, entonces bien, el socialismo significa algo; pero fuera de esto, el socialismo no es más que un «manejo», una semilla echada a los ánimos, y que produce frutos perniciosos.»
Y añade en un acceso de cinismo:
«La magistratura francesa no faltará a su deber de deteneros en la peligrosa vía en que queréis arrastrar a las muchedumbres.»
Ya ven ustedes que el tal magistrado es una perla, y que con semejantes defensores la clase gobernante no está lejos de su derrota.
El resultado de este proceso no es dudoso, y cuando reciban esta carta, el telégrafo habrá anunciado la condena de los ciudadanos Duc-Quercy y Roche en primera instancia.
«Los que van a morir te saludan», podían exclamar nuestros gobernantes en esta ocasión, imitando a los antiguos gladiadores.