El socialismo argentino (1910)

Rasgo saliente del progreso argentino durante el primer siglo de independencia es el movimiento de elevación de la clase trabajadora.

A principios del siglo XIX los productores manuales eran en este país una casta híbrida, miserable, desarticulada, sujeta al látigo y a la tutela estrecha del amo, sin asomo de organización propia, ni aspiración alguna a tenerla.

No había podido, conducir a nada mejor la colonización española, tantas veces comparada con la colonización británica de Nueva Inglaterra, para contrastar el carácter místico e igualitario de ésta con el espíritu aventurero y aristocrático de aquélla.

Lo que no se ha notado bastante es que esa diferencia pendía tanto de las condiciones intrínsecas de los países conquistados, como del carácter de los nuevos pobladores.

Ocuparon, en efecto, los cuáqueros de Filadelfia y los puritanos de Boston territorios incultos, cuya población indígena no había salido aún de la más baja barbarie ni había conocido sujeción; lejos de poder obtener de ella brazos serviles, fue necesario desalojarla palmo a palmo, en lucha exterminadora y cruel. Los españoles, en cambio, invadieron regiones en gran parte más densamente habitadas, por pueblos agricultores y sedentarios, que practicaban la cría, conocían los metales y hacían vastas construcciones; aglomerados en grandes imperios, esos pueblos estaban habituados a pagar tributo y a ir a la guerra mandados por jefes extranjeros.

Encontraron, pues, los españoles en esas razas sometidas material humano disponible para los rudos trabajos de minería, único ramo que por siglos mereció en América su atención.

La población misma de los países conquistados fue considerada como botín, repartiéndosela los conquistadores, y la triste servidumbre de los indios, agravada por la gran diferencia de raza y de cultura que había entre ellos y sus señores, no fue compatible siquiera con el aumento vegetativo de la población trabajadora.

Aquella clase servil entró en una rápida decadencia biológica, y así que los brazos indios se hicieron escasos, se les complementó con los de negros esclavos.

En el Río de la Plata las tribus indígenas eran salvajes e indómitas, y, si bien el clima se prestaba al trabajo del hombre blanco, los reglamentos españoles se oponían a la inmigración de europeos, aun españoles, que vinieran en busca de empleo para sus brazos. Era necesario en España todo un permiso para pasar a Indias. Todavía en 1758 se mandó que «se exceutasen los castigos exemplares correspondientes en los que se hallasen culpados en el pase de polizones a embarcados sin licencia». Y el reglamento del «comercio libre» de 1778 prohibió que se embarcara persona alguna «sin licencia despachada por la vía reservada de las Indias, del consejo supremo de ellas, o de la real Audiencia de contratación en Cádiz», y ordenó que «quantos fuesen a América sin estos permisos, aunque los tengan de otros tribunales o ministros, sean tratados con el mayor rigor, y, asegurados a su arribo, volverán presos en partida de registro.

Desde que el lento desarrollo técnico-económico de esta colonia hubo alcanzado cierto grado, introdujéronse para la labor manual negros esclavos, cuyo gran mercado comenzó en Buenos Aires en 1702, en manos de una compañía francesa, con privilegio por diez años, que debía traer más de 85.000 negros; ese bárbaro monopolio pasó después a manos de ingleses. Traíanse los esclavos a Buenos Aires de la opuesta costa de Africa, hacinados en barcos que, por lo regular, perdían en la travesía gran parte de su cargamento humano; y esos buques negreros, los únicos que por mucho tiempo tuvieron libre acceso a estas colonias, gozaban también del privilegio de salir cargados de frutos del país. De esa manera la introducción de negros ensanchaba algo la salida para las pieles y otros abundantes productos animales, que el privilegiado y a la vez trabado comercio español no podía pagar sino muy mal. Se comprende entonces que todavía en 1801 «El Telégrafo Mercantil», primer periódico del Río de la Plata, instara a los hombres influyentes de Buenos Aires a «alcanzar de la piedad del rey un asiento de negros» (mercado de esclavos, con privilegio).

Lo cierto es que a principios del siglo pasado ofrecíanse públicamente en Buenos Aires esclavos y esclavas de 12 a 30 años, y de mayor edad, por 150 a 200 pesos. En noviembre de 1803 se vendían «al barrer 260 negros bozales, de ambos sexos, naciones congos y angolas y de otras inmediatas a éstas, de excelente calidad». Según el «Semanario de agricultura, industria y comercio», editado par Juan Hipólito Vieytes, en 1805 «casi se podían contar en Buenos Aires dos esclavos por cada individuo libre».

Se les adiestraba en todos los oficios; se ofrecían un negro carpintero por 225 pesos, uno sastre por 250; uno tahonero y panadero por 300, precio en que también era avaluado otro esclavo de 28 años, barbero, algo peluquero, tocador de flauta y de guitarra. Los ocho operarios de una de las principales curtidurías del país eran negros esclavos. En manos de hombres de esta clase estaban todos los trabajos útiles urbanos.

La pequeña escala de la producción, manteniendo a los servidores cerca de sus amos, atenuaba los rigores de aquella triste situación, a lo que contribuía también la relativa facilidad con que se mezclaban las dos razas. Pronto hubo entre la población servil buena cantidad de mulatos, y se multiplicaron también los negros y, pardos libertos, manumitidos por la gracia de sus amos. Entre ellos principalmente reclutábase el artesanado libre de la ciudad.

Al tradicional prejuicio castellano contra las artes manuales, agregábase, pues, la circunstancia de ser éstas ejercidas muy principalmente por negros libertos y esclavos para alejar a la población más o menos blanca de estos países del empleo útil de sus brazos. Tal vez con menos rigor que en otras partes de la América española, pero aquí también se sobrentendía que «todo blanco es caballero». De hombres sin recursos, que habían conseguido introducirse clandestinamente en el país, decía un periódico de la época: «Muchos que en España tenían oficios plebeyos, ruines y mecánicos, aquí son tratados de Don» y el desprecio en la clase alta por los mejores artífices y maestros de oficios era tan grande, que al fundarse, la Sociedad Argentina Patriótica y Económica estatuyó que «los que por sí mismos exercen oficios viles y mecánicos… no podrán nunca admitirse como vocales».

Podemos figurarnos al proletario urbano de aquella época analfabeto, degradado en el contacto con libertos y esclavos, viviendo, en miserables ranchos en los huecos de las orillas, con su salario accidental de 3 a 4 reales al día, equivalente más o menos a un peso papel actual, y, según los precios de entonces, a la décima parte de una fanega de trigo o a 2½ libras de azúcar.

No era mejor la situación de los trabajadores del campo.

Las tierras quitadas a los indios estaban acaparadas por los hombres poderosos y hábiles de la ciudad. Y a medida que los frutos del país tomaban valor, más difícil era conseguirlas para el verdadero poblador, que no sabía llenar la serie de formalidades legales necesarias para la posesión tranquila, o no podía pagar a los numerosos funcionarios y curiales que debían intervenir en el reconocimiento de su propiedad.

Fuera de las estancias, no había sino «ranchos de gente pobre», acampada al azar en los poco codiciados solares de los pueblos, en los intersticios de los latifundios y en la zona fronteriza, casi entre los indios, tierras cuya insegura posesión no excitaba aún el apetito de los magnates de la ciudad. No había agricultores propietarios. La producción cereal, limitada a una estrecha zona alrededor de Buenos Aires, era hecha por arrendatarios que, además de pagar arriendo, debían entregar a la iglesia, a título de diezmo y primicias, 10½ por ciento de lo cosechado. Si algunos se aventuraban a sembrar en campos sin dueños o, realengos más distantes del mercado, perdían en el transporte lo que ahorraban en terrazgo.

Si bien alguna estancia se ofrecía en venta «con un negro esclavo, práctico en el manejo de la hacienda», no se habían llevado al campo muchos esclavos. La clase trabajadora rural estaba formada principalmente por aquella «gente pobre», que, en la vastísima llanura abierta y abundante en carne, tenía en cierta manera una libertad salvaje, pero carecía de toda aptitud económica y política para defenderse de las depredaciones de los señores en lucha ordenada y regular. Oscilaban aquellos campesinos entre una holgazanería abyecta y el trabajo a jornal de 2 reales por día, que durante la cosecha solía elevarse hasta 6; entre la vida errante del hombre alzado, amigo de los indios, con los cuales se aliaba para robar ganado, y la del miliciano de fortín, «a ración y sin sueldo». Como remedio a la vagancia y la criminalidad se pedía con urgencia para la campaña de Montevideo el establecimiento de capillas en las estancias de los vecinos pudientes, y, no confiando demasiado en ese recurso espiritual, se agregaba que «el gobierno podía auxiliar con algunos milicianos, que recogiesen vagos de los innumerables que hay, para los trabajos públicos, y los de esta clase deberían pagarse con sólo la carne que suministra el hacendado». Es de preguntarse si éste no buscaría también para su uso la labor gratuita de la gente así reducida. En Buenos Aires, el salario mensual de un peón de campo parece que variaba entre 6 y 8 pesos plata, lo que no le bastaba para vestir a su familia, según el «Semanario». La mejor relación del patrón con sus servidores era entonces un paternalismo en que los subordinados hacían el papel de menores bajo tutela. En 1806, ante la amenaza de las invasiones inglesas, un saladerista oriental ofrecía 50 hombres montados, de sus «familiares» de mayor confianza; otro señor disponía para el mismo objeto, como de cosa suya, de 280 hombres de campo, que se ofrecía a mantener en su «elaboratorio de carnes».

Tal era la situación de la clase trabajadora del litoral argentino. En el interior, donde la mezcla con las razas indígenas sometidas era mayor, donde apenas llegaban los estímulos del comercio externo y se perpetuaba una industria arcaica, eran más profundas aun su degradación y su miseria. A los indios reducidos al mortífero trabajo de las minas se les pagaba – según un escritor de la época – «en coca, maíz, papas, etc., y se les recargan estas empresas tanto que siempre están empeñados, desnudos, hambrientos y descontentos». De las campesinas del interior, que alimentaban con la primitiva industria de sus manos un comercio relativamente vasto de telas burdas, ponchos, pañetes y bayetas, decía el deán Funes en 1802: «La pobreza y la miseria son el patrimonio de nuestras artesanas de texidos. . . Señáleseme alguna cuya escasez de alimentos no toque en la raya de una indigencia casi pordiosera, y cuyas deudas no excedan su posibilidad».

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Aquella plebe envilecida y heterogénea, inconsciente de toda necesidad histórica sin capacidad ni aspiraciones políticas, no pudo entrar en la lucha de la independencia por impulso propio. Sirvió en ella simplemente a los fines de la burguesía aristocrática, en activo desarrollo, cuyo enriquecimiento era estorbado por las trabas españolas al comercio exterior del país.

Al ensanchar y hacer más copiosas las fuentes pecuniarias para la clase de los estancieros y comerciantes, los autores de la revolución de 1810 dieron también el paso político más necesario para el desarrollo técnico-económico del país. Y lo, exornaron, por supuesto, con algo de la metafísica y de la fraseología revolucionarias del siglo XVIII. Entre varias obras ofrecidas por Mariano Moreno a sus conciudadanos daba éste el primer lugar al «Contrato Social», de Rousseau. «Este hombre inmortal», – decía Moreno -, «que formó la admiración de su siglo y será el asombro de todas las edades, fue quizá el primero que, disipando completamente las tinieblas con que el despotismo envolvía sus usurpaciones, puso en clara luz los derechos de los pueblos, y enseñándoles el verdadero origen de sus obligaciones, demostró las que correlativamente contraían los depositarios del gobierno.

No eran en realidad tan grandes las ilusiones doctrinarias de los hombres del nuevo gobierno. Tenían ellos no sólo la conciencia de la superioridad de su clase, sino también los prejuicios y la falta de escrúpulos de toda casta privilegiada. El mismo Moreno en 1809 no admitía que en cuestiones aduaneras, del más inmediato interés para los artesanos, se hablase siquiera de hombres de situación tan ínfima como los herreros y zapateros. «La circunspección de V.E.» –decía, dirigiéndose, al virrey– «nos libertará de este borrón, y la docilidad de nuestros artistas no, será sorprendida». Y en agosto de 1810, al trazar el «Plan de las operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la grande obra de nuestra libertad e independencia», proponía que «con las proclamas seductivas, halagüeñas y lisonjeras, con las frases de Libertad, Igualdad y Fraternidad» se estimulase a los vecinos de la Banda Oriental «a que concurran con aquellos auxilios de carros, carretas, caballadas, boyadas y otros».

En otros documentos de la época se manifiesta sin ambages la pobre opinión que los señores revolucionarios tenían del pueblo trabajador. La «Gaceta» extraordinaria del último día del año 10 decía de la revolución de Venezuela: «Si viéramos empezar aquella revolución proclamando principios exagerados de libertad, teorías impracticables de igualdad, como las de la revolución francesa, desconfiaríamos de los promovedores». De la insurrección encabezada en Méjico por Hidalgo, escribía en cambio don Manuel Moreno, hermano del prócer, en 1812: «Esta insurrección tiene un carácter particular que la distingue de las demás de América Española, a saber, que es obra exclusiva del bajo pueblo. Como toda revolución sostenida por el bajo pueblo, la de Méjico ha sido muy funesta a la prosperidad del estado». De la revolución de Chile, decía el mismo: «El gusto de la aristocracia en el pueblo daba un nuevo sostén al establecimiento de aquel gobierno, compuesta de la nobleza nativa». En verdad, según el mensaje del cabildo de Santiago de Chile a la junta de Buenos Aires dándole cuenta del establecimiento del nuevo gobierno, «la aclamación general de 450 nobles, reunidos en la asamblea más digna, manifestó el voto común» de aquella ciudad, limitándose lo demás, si hemos de creer a un historiógrafo chileno citado por Mitre, a una «gran poblada de ponchos que los conjurados trajeron de los fundos inmediatos a la capital con el nombre de milicias». Los conjurados eran los grandes propietarios, y los ponchos sus inquilinos. Si en el Río de la Plata no se hablaba de nobleza, tanto en Buenos Aires como en Montevideo el cabildo abierto que proclamó la revolución fue una asamblea de la parte «principal», «más sana» y «respetable» del vecindario, en la que sólo se incluía a los afincados y a los comerciantes que no expendían por sí mismos sus artículos en el mostrador.

Nadie pensaba entonces en la representación de las campañas, ni en el sufragio universal. Al convocar el primer congreso de diputados del país, resolvió la junta de Buenos Aires que en cada una de las ciudades del interior su respectivo cabildo llamase «por medio de esquelas la parte principal y más sana del vecindario, para que, formando un congreso de sólo los que en aquella forma hubiesen sido llamados, elijan sus representantes».

No obstante su carácter netamente burgués la Revolución de Mayo tuvo para las clases inferiores grandes consecuencias, hecha abstracción de lo que significa para la producción y el consumo nacionales la libertad de comercio.

Desde luego, para los fines militares del movimiento, fue necesario contar con las masas, hacerlas capaces de entusiasmo por la Revolución, dignificándolas. Así, en 1816 fueron manumitidas dos terceras partes de los esclavos de Cuyo, e incorporados al ejército de los Andes en número de 710. Muchos de ellos murieron en Chacabuco.

El nuevo régimen, deseoso de impulsar el progreso industrial e inspirado en nociones históricas nuevas, tendió también a abolir las formas inferiores de servidumbre. Antes de la Independencia, pedía ya el «Semanario» que se prohibiera la entrada en los oficios a los negros esclavos. La Revolución dio en 1812 un paso mucho más decisivo hacia la formación de una clase trabajadora moderna; prohibióse la introducción de esclavos y declaróse libre a todo esclavo que pisara el territorio un año después del decreto publicado el 15 de mayo. Y antes de que feneciera ese plazo, en febrero de 1813, la primera asamblea de las Provincias Unidas declaraba libres a todos los que hubieran nacido o nacieran en su territorio a partir, del 31 de enero de ese mismo año, y a todo nuevo esclavo traído del extranjero, por el solo hecho de pisar el suelo del país. Abolió también aquella memorable asamblea las mitas, derecho de los empresarios mineros de hacerse dar por las autoridades indios jóvenes y fuertes en número proporcional a la importancia de sus explotaciones, sin más obligación que la de alimentarlos; y se les alimentaba peor que a las bestias, y morían a millares! El yaconazgo, cláusula especial de las concesiones de tierras de cultivo, que otorgaba al agraciado el derecho de hacerlas trabajar gratuitamente por indios, desapareció igualmente por obra de la Revolución, así como el tributo personal o capitación que pesaba sobre la misma desgraciada raza.

Y para que el pueblo todo sintiese los beneficios del movimiento insurreccional, la Junta de 1810 ordenó que los vivanderos no pagasen impuesto por el lugar que ocupaban en las plazas públicas, a fin de que pudieran expender los víveres a más bajo precio, medida sin gran trascendencia, dado lo estrecho de su radio de acción, pero que revelaba un concepto muy inteligente y moderno del salario.

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Se habló también oficialmente por entonces de repartir «gratuitamente a los hijos del país suertes de estancias proporcionadas y chacras para la siembra de granos, bajo un sistema que asegure… la felicidad de tantas familias patricias que, siendo víctimas de la codicia de los poderosos, viven en la indigencia». Mas fueron proposiciones platónicas.

Para la gente pobre de la ciudad las consecuencias inmediatas más palpables de la Revolución fueron el servicio militar, y el verse mezclada en las agitaciones internas que, desde el primer momento, tomaron la mala facha de la política criolla. En abril de 1811 – dice López – la mayoría saavedrista de la Junta hizo que los alcaldes de barrio y de los suburbios, sus agentes administrativos, simulasen una conmoción popular con grupos de gente reunida en los corrales de Miserere, sin saber la gente misma para qué.

Más falsa aún era en la política del campo la relación entre directores y dirigidos. Refiriéndose a los jefes inmediatos del pueblo campesino de la Banda Oriental, decía Mariano Moreno en su «Plan» que «habían sido ya traídos a nuestro partido y honrádolos con los primeros cargos un Barde, negro… a los hermanos y primos de Artigas… a un Baltazar Ojeda, etc., sujetos que por lo conocido de sus vicios, son capaces para todo, que es lo que conviene en las circunstancias, por los talentos y opiniones populares que han adquirido por sus hechos temerarios». Los campesinos, mitad pastores, mitad cuatreros, que seguían a aquellos jefes y a otros semejantes, poco alcanzaban de los altos designios de la Junta de Buenos Aires. Lo nuevo que traía para ellos la Revolución era el deslinde más prolijo de los campos, la reglamentación más severa de las volteadas de ganado bravío, una policía más enérgica, una justicia burguesa más sumaria y rápida. E incapaces de adaptarse a aquel paso acelerado que quería imprimirse a la civilización capitalista del país, los gauchos en masa acompañaron a los caudillos del campo cuando éstos no quisieron servir más de instrumentos a los señores de la ciudad. Y estallo el irreductible antagonismo que por tantos años devastó el país, constituyendo el fondo real de la contienda entre federales y unitarios. Fue aquélla una guerra de clases disimulada tras la ruidosa y vana controversia de formas políticas, lucha regresiva por parte del pueblo, ajeno a toda idea de progreso histórico, cuando el progreso histórico, acelerado por el vapor y la electricidad, se abría paso a todos los rincones del mundo.

Las costumbres gauchas de bárbara rutina y huraño, aislamiento no pudieron triunfar sino por momentos. El gobierno gravitó necesariamente hacia los hombres de la clase alta que se habían prestado a secundarlas, vinculándolas en equívoco consorcio a palabras o ideales de democracia y autonomía, y ellos se encargaron de sujetar a las masas y restablecer el orden, preparando así el terreno para la evolución ulterior.

Cuando también la ciudad de Buenos Aires hubo caído bajo la férula del prestigioso comandante general de campaña, sostenido por «la canalla más desesperada», por «la multitud plebeya», repartiéronse algunas tierras públicas entre los pobladores, y muchas más entre los generales y soldados del déspota, y al mismo tiempo se hizo respetar la propiedad privada con inusitado rigor. A este respecto, el espíritu de aquella dictadura está caracterizado en los siguientes párrafos de cartas cambiadas a raíz de la revolución europea de 1848 en Rozas y San Martín.

Desde su retiro en Francia decía éste: «En cuanto a la situación de este viejo continente, es menester no hacerse la menor ilusión: la verdadera contienda que divide su población es puramente social, en una palabra, la del que nada tiene, tratar de despojar al que posee; calcule lo que arroja de sí un tal principio infiltrado en la gran masa del bajo pueblo, por las predicaciones diarias de los clubs y la lectura de miles de panfletos, si a estas ideas se agrega la miseria espantosa de millones de proletarios, agravada en el día con la paralización de la industria. . .»

A la que Rozas respondía: «En una revolución, en que como usted dice muy bien, la contienda que se debate es sólo la del que nada tiene contra el que posee bienes de fortuna, donde los clubs, las logias y todo lo que ellas saben crear de pernicioso y malo, tienen todo predominio, no es posible atinar qué resultados traigan, y si la parte sensata y juiciosa triunfará al fin de sus rapaces enemigos, y cimentará el orden en medio de tanto elemento de desorden.»

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La guerra de montoneros y el despotismo subsiguiente habían estancado el desarrollo del país, sin dar a las masas resultado alguno apreciable. Quedaron después de aquella tan desposeídas como antes. ¿Para qué podía servirles el sufragio universal, que se empezó a ensayar grotescamente al iniciarse la guerra gaucha? Su manifestación más auténtica había sido su propia abdicación, el plebiscito de 1835 que delegó en el tirano, la suma del poder público.

Rivadavia se había puesto a la obra de enseñar al pueblo a leer y defenderlo contra la sujeción religiosa. Pero sus esclarecidas reformas no encontraron eco en la masa popular, cuya superstición fue una de las fuerzas de la reacción campesina, incapaz de crear nada, salvo el despotismo que había de afianzar el dominio de los terratenientes.

Aquellas luchas motivaron, sin embargo, sinceras meditaciones políticas en que el pueblo auténtico ocupaba algún lugar. El alzamiento de los gauchos argentinos había coincidido con los albores europeos de la moderna lucha de clases. Y las palabras nuevas creadas en Europa para designar los nuevos sistemas y aspiraciones, más o menos utópicos, de orden y progreso social, encontraron empleo también aquí. En 1837 escribió Esteban Echeverría su «Dogma socialista», místico y sentimental, inspirado, en el dolor de los desgarramientos civiles. Refiérese aquel panfleto a las clases de la sociedad argentina, no para exaltar a la una o adular a la otra a fin de manejarla mejor, sino para sostener con calor la necesidad de nivelarlas, si la democracia había de ser una verdad. «Las costumbres de una sociedad fundada sobre la desigualdad de clases» – dice Echeverría – «jamás podrán fraternizar con los principios de la igualdad democrática». «No hay igualdad donde la clase rica se sobrepone y tiene más fueros que las otras; donde cierta clase monopoliza los destinos públicos; donde el influjo y el poder paralizan para los unos la acción de la ley y para los otros la robustecen; donde la clase pobre sufre sola las cargas sociales más penosas, como la milicia, etc.» Y partiendo de la premisa de que en la democracia «el último de la plebe es hombre igual en derechos a los demás», dice que ilustrar a las masas sobre sus verdaderos derechos y obligaciones, educarlas con el fin de hacerlas capaces de ejercer la ciudadanía y de estimularlas para que trabajen y sean industriosas, suministrarles los medios de adquirir bienestar e independencia: he ahí el modo de elevarlas a la igualdad. Aspiraba Echeverría a una reforma intelectual y moral muy amplia; no quería religión ni iglesia de estado; había en su «Dogma» capítulos enteros sobre el progreso, la fraternidad, la libertad, el honor y el sacrificio. Pero no decía una palabra sobre el régimen de la propiedad territorial en un país de enormes latifundios y ocupado sólo en muy pequeña parte, ni asignaba a la clase servil iniciativa alguna en su propia emancipación. Los campesinos criollos, en vías de quedar definitivamente domados, no eran aún capaces de pedir bienes que les resarciesen de la bárbara libertad perdida, ni mucho menos de exigirlos mediante una organización propia. Y como los utopistas que iban por Europa, de gobierno en gobierno, proponiendo sus planes de regeneración social, Echeverría puso sus ideas humanitarias en el seno de hombres como Alberdi, cuyas preocupaciones más hondas pronto serían muy distintas.

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Abiertos en 1852 los grandes ríos argentinos a la libre navegación y las provincias del litoral al directo comercio extranjero, al mismo tiempo que se establecían normas menos bárbaras de gobierno, el desarrollo capitalista del país tomo nuevo impulso. Veíase con razón en el rápido progreso técnico-económico la mejor manera de dar pronto, estabilidad a instituciones tomadas de pueblos mucho más adelantados que el nuestro. Fundábanse colegios, pero Alberdi escribía al mismo tiempo: «las escuelas primarias, los liceos, las universidades son, por sí solos, pobres medios de adelanto sin las grandes empresas de producción», modo de ver que no deriva de la filantropía patriótica del «Dogma» de 1837. Y venía acompañado de todo un cortejo de ideas manchesterinas sobre el «trabajo libre» y la «distribución libre» de la riqueza. Fanático de la propiedad burguesa, decía Alberdi: «El salario es libre por la constitución… y se regla por la voluntad libre de los contratantes. El artículo 16 de la constitución ha concluido con las antiguas divisiones de los hombres respecto al trabajo y sus beneficios, en privilegiados y plebeyos, trabajadores y ociosos, clientes y señores feudales». Como redactor de ese artículo prodigioso, condenaba naturalmente «las extravagancias y los descarríos del socialismo, que con tanta razón han espantado a los hombres de juicio, proponiendo remedios más aciagos que el mal», lo que no impedía que, confundiendo el problema de la población con el de la distribución de la riqueza, agregase: «No existiendo entre nosotros el desnivel o la desproporción entre la población y las subsistencias, que en Europa hacen tan objetable el orden de la sociedad, que permite que unas clases sobrenaden en opulencia y las otras perezcan en degradante miseria, en Sud América son no sólo inconducentes sino ridículas y absurdas las aplicaciones, las doctrinas y reformas proclamadas por los «socialistas» de Europa». En materia de opresión de una clase por otra no había, a juicio de Alberdi, en Sud América, sino un peligro, a saber, «el riesgo de que el salario suba hasta el despotismo».

Seguían entretanto las emisiones de papel moneda inconvertible y depreciado, con la fatal elevación del agio del oro, que de 1250 al caer Rozas, se elevó hasta 2750 en el año 1863. Calcúlese el efecto de semejante envilecimiento de los signos monetarios con que se pagaban los salarios, sobre el nivel de vida de una clase trabajadora que no reaccionaba ya en forma alguna contra el latifundismo, y soportaba siempre las cargas militares de la frontera y de las guerras intestinas y externa.

Si en esas condiciones pudo elevarse el número de los inmigrantes, que en 1863 pasó de 10.000, fue por la demanda creciente de artesanos y el desenvolvimiento de las construcciones, ferroviarias en Buenos Aires. Rivadavia había intentado, con fines educativos, fomentar desde el gobierno el establecimiento de artífices y familias agricultoras europeas en el país. Al acelerarse el movimiento comercial a mediados del siglo pasado, deseábase al inmigrante por su utilidad inmediata, por la necesidad que de él se tenía para hacer todo lo que era incapaz de hacer la clase trabajadora criolla, sin disciplina industrial, distraída continuamente del trabajo útil por la milicia. Imbuido también él de las doctrinas de la ciencia económica burguesa, decía entonces Vicente Fidel López: «El inmigrante es una simple mercancía en el país donde entra… Suponer que un día cualquiera pueda inundarnos la inmigración con un número inesperado, es suponer que se le ocurriera a cualquiera introducir cuatro millones de picos, de palas, de martillos, o un exceso por ese estilo de cualquier otra mercadería para cuyo recibo no esté apto ni habilitado el mercado… El inmigrante es un consumo… que tiene su precio: lo que él busca, lo que lo atrae es ese precio». Afectábase o mostrábase al mismo tiempo sumo respeto por ese hombre-mercancía, cuya labor inteligente y capacidad económica tanto contrastaban con la inercia del proletario criollo; mientras éste era siempre tratado como carne de cañón, del trabajador extranjero decíase que era «sagrado», y, en opinión de Alberdi, para colocar el trabajo industrial al abrigo de las guerras civiles y disensiones políticas, la constitución argentina «ha eximido» a los extranjeros, naturalizados o no, es decir, a los trabajadores más útiles, de todo servicio militar y de toda contribución extraordinaria de carácter forzoso.

El privilegio de los extranjeros no ha sido en verdad tan grande. Ellos han sufrido por las continuas emisiones de signos monetarios redundantes y depreciados, que, al salir de los bancos oficiales, envilecían aún más los billetes ya en circulación y confiscaban parte de su valor representativo, fueran sus tenedores argentinos o extranjeros. Y estas contribuciones forzosas han sido desgraciadamente nada «extraordinarias». Más grave aun ha sido para los trabajadores europeos aquí establecidos la acción deprimente del agio del oro sobre los salarios reales, que durante la segunda mitad del siglo XIX ha neutralizado en gran parte para los asalariados de este país la tendencia ascendente mundial de la remuneración del trabajo.

Con todo, había en el país abundancia de tierra buena y barata, suficiente atractivo para muchos inmigrantes que cifraban su ambición en hacerse dueños de una fracción de tierra aquí considerada pequeña, y al normalizarse momentáneamente en 1867 el régimen monetario, la corriente inmigratoria aumentó, y más aun a partir de 1871, cuando se establecieron en Europa por el gobierno argentino agentes de inmigración pagados.

Se habían establecido ya algunas colonias, con apoyo del Estado, donación gratuita de la tierra a los agricultores y provisión de útiles de labranza. Pero este sistema no prevaleció, y pronto la colonización fue una especulación particular para vender tierras en pequeños lotes a precios muy ventajosos para los latifundistas, dado el ínfimo precio del suelo argentino antes de la colonización. Por otra parte, el Estado argentino continuo donando o vendiendo a precios irrisorios las tierras públicas en forma de enormes latifundios, con lo, que se afianzaba el predominio de los terratenientes, y se entregaba el país a la colonización capitalista sistemática.

La extensión de los cultivos fue rápida, sin embargo, y mientras en 1872 los productos agrícolas sólo formaban el 0,4 % de la exportación, en 1888 alcanzaban ya al 16,3 %, aumento que después se ha acelerado aún más.

La inmigración, que en 1873 había pasado de 76.000 personas, bajó en 1874 a causa de la guerra civil, y más aun en el año siguiente al volverse al agio del oro, para no remontar a las anteriores cifras y superarlas hasta después de federalizada la ciudad de Buenos Aires y de restablecido, siquiera momentáneamente, un régimen monetario normal.

Habían terminado entonces las tradicionales cuestiones de política interna que dividieran a la oligarquía nacional. Y la conquista definitiva del desierto, la extensión de los ferrocarriles, el incremento de la agricultura, la multiplicación de los centros urbanos, el rápido crecimiento de las ciudades, los progresos de la educación común y la aparición en la industria y el comercio de grandes empresas, crearon en este país las condiciones de desarrollo de una clase trabajadora moderna.

Hacia 1885 habían ya entrado al país un millón de inmigrantes europeos, de distintas nacionalidades y lenguas, hombres disciplinados en el trabajo, de costumbres regulares, con aspiraciones a una vida mejor. Algunos de ellos se elevaban a la categoría de empresarios; pero eran muchos más los que permanecían como asalariados y desalojaban a los trabajadores menos aptos del país, al mismo tiempo que levantaban a un nivel superior a los elementos viables del proletariado criollo.

Habían cesado para éste las cargas de la milicia, pero la acción deletérea que sobre él ejercía la política del país, acentuábase cada vez más. ¿Qué ideas podía sacar del palabrerío insubstancial de aquellas facciones oligárquicas, movidas por los apetitos más bajos? El voto impuesto por el patrón, tal vez extranjero, la complicidad más o menos pasiva en el fraude electoral, los halagos del alcohol, del juego y de la venalidad, eran para el inconsciente trabajador argentino los gajes del triste privilegio de su ciudadanía.

Y así como en la época de las continuas convulsiones internas, el trabajo manual del inmigrado era el más regular y seguro, pues no se requerían sus brazos para la guerra, en la época más tranquila que le sucedía, la cabeza del obrero extranjero era la más despejada y activa en la elaboración popular de ideas políticas, libre como estaba de los abyectos atractivos y torpes sugestiones de la política criolla.

Habían traído también los extranjeros, junto con su energía técnico-económica, su educación societaria, gracias a la cual el socorro mutuo, apenas conocido por la antigua población del país, pronto se generalizó entre la población inmigrada; y los que provenían de los países más adelantados, llegaban en gran parte provistos de ideas sociales nuevas y hechos a costumbres políticas superiores. Desde mediados del siglo habíase extendido e intensificado en Europa la contienda entre asalariados y capitalistas, la moderna lucha de clases, asumiendo en cada país formas peculiares, en todos tendiente, sin embargo, al incremento de la capacidad política del proletariado. Florecían en la Gran Bretaña el gremialismo, obrero y la cooperación libre, y hacían valer los trabajadores su voto en su propio bien colectivo, sin intentar aún darse una organización electoral separada. En Francia bullía el espíritu popular revolucionario y chocaban entre sí las escuelas renovadoras en su camino hacia la unidad. Italia y España, menos avanzadas en la evolución histórica y en instrucción popular, ofrecían en sus masas miserables campo propicio a la degeneración mística y violenta de las nuevas doctrinas. En Alemania, con su gran cultura y su pujante desarrollo industrial, el socialismo se difundía rápidamente en la clase obrera, sobresaliendo por la profundidad de su teoría y la firmeza de su organización. Las proscripciones que habían seguido a la Comuna de París, así como la tiránica ley antisocialista que rigió en Alemania de 1878 a 1890, hicieron que los nuevos ideales históricos llegaran a este país encarnados en algunos de sus representantes activos.

El lº de enero de 1882 fundóse en Buenos Aires, por alemanes, el club «Vorwaerts», con el objeto declarado de «cooperar a la realización de los principios y fines del socialismo». Fue el primer núcleo organizado de agitación, y desde 1886, año en que tuvo un local, lo puso a disposición de los obreros en los pocos y pequeños conflictos con que se iniciaba ya en este país la lucha entre el trabajo y el capital. Al cumplirse el centenario de la Revolución Francesa, no faltó en Buenos Aires un manifiesto en castellano que explicara al pueblo trabajador el significado de aquel gran acontecimiento. Y como el congreso internacional de París de 1889 resolviera establecer la fiesta obrera del lº de Mayo, ésta fue celebrada en Buenos Aires, desde 1890, en su primer año. Reunidos ese día como tres mil trabajadores en el Prado Español, resolvióse constituir una federación, la cual quedó formada dos meses después, como un pequeño conglomerado de grupos doctrinarios y gremiales, tres de cuyas secciones estaban respectivamente en Rosario, Santa Fe y Mendoza. En diciembre de ese mismo año apareció el semanario «El Obrero», primer heraldo de la lucha de la clase proletaria argentina por el mejoramiento de su situación, y de la «participación enérgica que tiene que tomar en la política del país».

Era aquél un movimiento realmente extranjero. En sus reuniones públicas alternaban los discursos en español, italiano, francés y alemán; sus comités solían titularse «internacionales», y en ellos tratábase de dar representación a las diversas lenguas y nacionalidades. El estilo mismo de «El Obrero» denunciaba el origen tudesco del ingeniero Ave-Lallemant y de los obreros que lo redactaban. Mas no era por eso exótica aquella agitación tendiente a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del país, acerca de las cuales presentaba respetuosas peticiones a las autoridades argentinas; no era exótica aquella incipiente organización obrera, ocupada de palpitantes cuestiones locales, que en sus fiestas y solemnidades no usaba bandera alguna extranjera, y propagaba activamente la naturalización. Aquellas primeras manifestaciones de conciencia histórica del pueblo trabajador del país tuvieron que nacer de su parte más educada e inteligente, de los que más sentían el contraste entre nuestros progresos en la producción y el estancamiento de nuestras ideas y costumbres en otros campos de actividad. Y, como nos habían traído más perfectos procedimientos de trabajo y mejores semillas, traíannos también los europeos gérmenes de una nueva y vigorosa política.

La necesidad de la intervención de los inmigrados en la vida pública del país era ya tan fundamental, que hacia la misma época fundóse el Centro Político Extranjero, con asiento en Buenos Aires y ramificaciones en algunas provincias. Formado sobre todo por pequeños capitalistas de la ciudad y del campo, tuvo algunas sanas iniciativas, pero no la coherencia ni el entusiasmo necesarios para llevarlas adelante, ni la amplitud de conceptos que le hubieran permitido servir de núcleo a un nuevo partido argentino.

A los rutinarios y misoneístas que encontraban exótica nuestra naciente agitación obrera, porque no comprendían ni conocían el carácter mundial del movimiento proletario, pudo ella parecerles también prematura. Pero, ¿no se organizaban y apercibían a la lucha desde mediados del siglo los obreros de las pequeñas ciudades coloniales de Australia? En aquel país, tan semejante al nuestro, ¿no estaban ya en la liza hasta los esquiladores contra la clase patronal? ¿No estaba atrasadísimo nuestro movimiento obrero, como las demás manifestaciones de nuestra vida colectiva, respecto del de los Estados Unidos, donde desde 1835 las huelgas eran frecuentes y en 1886 paralizaban el trabajo de medio millón de hombres?

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Y aquellos países coloniales de lengua inglesa, con los que siempre es tan fructuoso compararnos, estaban gobernados de modo muy diferente del nuestro.

Durante la grandiosa guerra que dio la libertad civil a los negros de los Estados del Sud, el peso papel norteamericano había llegado a representar no más de 35 centavos oro; y al volver el país a la normalidad y a su rápido progreso, en pocos años estuvo el oro a la par, a pesar de las maniobras de los inflacionistas, a las cuales supo el presidente Grant oponer su veto.

La oligarquía argentina, en plena paz, encontraba pretextos en el progreso mismo del país, que se hacía a pesar suyo, para producir de 1884 a 1891 una nueva y profunda depreciación del papel moneda, cuyas graves consecuencias se habían de prolongar mucho más. Sucediéronse en ese tiempo las emisiones de papel, algunas de ellas clandestinas, para el despilfarro y la especulación de las camarillas gobernantes, hasta determinar la bancarrota de los bancos oficiales y llevar el oro a 450. La última fue la de 50 millones, en 1891, para fundar con valores tan mal habidos el actual Banco de la Nación.

La clase trabajadora fue la más duramente azotada por la honda crisis que siguió a aquel desbarajuste monetario. Habíanse gastado recientemente por millones los dineros públicos en pasajes marítimos gratuitos que trajeron al país centenares de miles de inmigrantes, no muy seleccionados por las empresas de transporte que hacían su negocio sobre todo en el sur de Europa.Al sobrevenir la crisis que siguió de inmediato a aquella época de latrocinios y locuras, quedaron sin trabajo numerosos brazos. En 1891 dejaron el país 82.000 emigrantes, excediendo esa cifra en casi 30.000 a la de la inmigración. La clase trabajadora, cuyos ahorros se habían desvanecido al fundirse los establecimientos públicos de crédito, veíase reducida a una vida cada día más estrecha por el creciente desequilibrio entre los salarios nominales y los precios.

No obstante las dificultades de la lucha en tales circunstancias, hubo ya en 1891 unas ocho huelgas de obreros albañiles, carpinteros, tipógrafos, sombrereros y ferroviarios, siendo la más importante de ellas la de los talleres de Sola, en que 1150 operarios interrumpieron su trabajo para exigir de la empresa del ferrocarril del Sur el cumplimiento de lo pactado respecto de la desvalorización del papel moneda. Y la agitación se propagaba, los gremios proletarios tendían cada vez más a organizarse, las huelgas fueron más numerosas en 1892.

Ya entonces puso de manifiesto la clase gobernante argentina su poca preparación para afrontar los nuevos conflictos que se planteaban. En 1892, un paro de cigarreros dio ocasión la policía de Buenos Aires para encarcelar 70 trabajadores. Ese mismo año fue prohibida en Buenos Aires y Santa Fe la reunión pública en local cerrado que preparaban los socialistas para el 1º de Mayo, se suprimió en la cámara de diputados la comisión nombrada el año anterior para estudiar las peticiones obreras sobre leyes protectoras del trabajo, y al ser presentada al concejo deliberante una petición de la federación obrera para que se creara en Buenos Aires una bolsa de trabajo, la solicitud no fue siquiera recibida, so pretexto de que debía ser dirigida al intendente y que sus pliegos no llevaban estampillas municipales. Simultáneamente hacia su aparición pública el anarquismo con su exaltación de buena fe, su violencia y sus procedimientos equívocos, para oponerse a toda organización seria de la clase obrera y predicar en su seno el más absoluto desprecio por la ley. La utópica y destructiva doctrina tenía ya sus periódicos, y en agosto de 1892 «La Prensa», con singular complacencia, anunciaba la aparición de un folleto titulado «Libera Iniciativa», colección de recetas para fabricar bombas, la noticia de cuya aparición fue recibida entre los elementos obreros conscientes con la debida reserva.

La situación precaria hecha a los obreros por la misma crisis no les permitió consolidar sus primeros órganos de agitación. Aquellas agrupaciones y periódicos fueron de vida efímera. Pera estaba dado el primer impulso para un movimiento que tenía su razón de ser en los caracteres fundamentales de la sociedad argentina, y pronto se reanudó la agitación. Apenas terminado el estado de sitio que siguió a las revueltas de 1893, bajo la fresca impresión de aquel escandaloso episodio de la política criolla en que dos ejércitos distintos y enemigos, pero igualmente «revolucionarios», se disputaban los despojos del corrompido gobierno de La Plata, apareció «La Vanguardia», periódico socialista científico, defensor de la clase trabajadora. En su programa trazaba a grandes rasgos el desarrollo capitalista del país, cuya política era «la alternativa del pillaje y de la plutocracia», señalaba la neta existencia de clases, diciendo: «Ya están, de un lado, la Avenida Alvear, y, del otro, un inmenso barrio de conventillos», y se anunciaba como órgano del proletariado inteligente y sensato, que venía a fomentar la acción política del elemento trabajador argentino y extranjero, y a promover todas las reformas tendientes a mejorar la situación de la clase proletaria. «Esperamos» – agregaba – «iniciar una agitación durable y definitiva».

El propósito se ha cumplido. «La Vanguardia», redactada principalmente por argentinos, apareció en abril de 1894; en julio se inauguraba en Buenos Aires el primer local socialista sostenido por hombres del idioma del país, con lo que tomó nuevo impulso la agitación gremial, en septiembre se presentó al concejo deliberante un proyecto sobre las ocho horas para los trabajadores municipales, proyecto, como sus fundamentos, de fuente socialista, que fue muy combatido por «La Nación» y «El Diario». El concejo se apresuró a mandarlo al archivo, lo que no impidió que en octubre miles de trabajadores hicieran una manifestación pública por las 8 horas, primer gran mitin obrero en las calles de Buenos Aires. Hubo también de hacerse ese año un mitin obrero contra los impuestos indirectos, a propósito del cual «La Prensa» condenó «la conducta de los socialistas que trata, de mezclar la clase obrera en asuntos municipales y políticos.»

Un año más tarde «La Prensa» publicaba una extensa exposición, genuina y auténtica, sobre la razón de ser del movimiento obrero en el país, acerca del cual los diarios más importantes daban ya regularmente noticias. Al constituirse en 1895 el primer comité ejecutivo del Partido Socialista, se resolvió que sus miembros fueran todos ciudadanos, nativos o por naturalización. Ese comité dirigió la participación socialista en las elecciones de 1896 en la capital, y organizó el primer congreso del partido, en el cual se establecieron sus principios y se formuló su programa de reivindicaciones inmediatas. Figuraban entre éstas la abolición de los impuestos que encarecen la vida del pueblo, la supresión de todo fomento de la inmigración con los dineros públicos, la reglamentación legal del trabajo, la extinción gradual del papel moneda y todo lo que condujera a hacer que un peso simbolizara un valor mayor y más estable, la representación de las minorías y una más fácil naturalización. En su declaración de principios, decía el nuevo partido que «en la República Argentina, a pesar de la gran extensión de tierra inexplotada, la apropiación individual de todo el suelo del país ha establecido de lleno las condiciones de la sociedad capitalista», «agravadas por la ineptitud y la rapacidad de la clase rica, y por la ignorancia del pueblo.»

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No es del caso estudiar en detalle la obra de la nueva organización durante los últimos quince años. Bástenos recordar la agitación contra las infames leyes de conchabos que regían en las provincias del norte, movimiento apoyado muy eficazmente por «La Nación», y que triunfó; las manifestaciones del lº de Mayo, la primera de las cuales hecha públicamente en las calles fue en 1897; la manifestación de desocupados de ese mismo año; el mitin y la petición con 10.000 firmas para que en el último proyecto de reforma de la constitución se incluyeran la independencia del Estado respecto de todas las iglesias y sectas, las ocho horas para los trabajadores del Estado, y la naturalización de los extranjeros por la simple inscripción en los registros cívicos; el manifiesto del grupo socialista del parlamento italiano, exhortando a los italianos en la Argentina a naturalizarse; los congresos anuales o bienales del partido, celebrados ya en la capital, ya en otros puntos como La Plata, Rosario y Junín; la propaganda contra la ley monetaria de 1889; las manifestaciones en favor de la paz con Chile y en apoyo del tratado que dio término a las disidencias con ese país; la petición presentada en 1891 con miles de firmas para que la naturalización pudiera obtenerse ante los jueces de paz; el mitin de desocupados de ese mismo año, en que se pidió la creación de un departamento del trabajo; la asamblea popular de protesta contra la actitud del gobierno y la ley de residencia, al terminar el estado de sitio de fines de 1902, aplicado entonces por primera vez contra el movimiento obrero; el triunfo del candidato socialista doctor Alfredo L. Palacios, en la elección de 1904, hecha por circunscripciones; su brillante y eficaz actuación parlamentaria, de la cual han resultado principalmente el impuesto a las herencias para fines de educación común, la ley de descanso dominical, y la reglamentación del trabajo de las mujeres y los niños; la transformación del semanario socialista en diario en septiembre de 1905; la actividad electoral obrera en 1908, cuando el voto socialista sólo pudo ser vencido en la capital por el voto venal y las malas artes del gobierno; las huelgas generales de 1904 y 1909, apoyada la primera e iniciada la segunda por el Partido Socialista, grandes movimientos de la clase trabajadora en son de protesta contra actos de la autoridad.

Tanta actividad en el terreno accidentado y azaroso de la lucha gremial y política no ha impedido que simultáneamente hayan nacido y desarrolládose en el mundo obrero argentino instituciones de orden económico y educativo. El socorro mutuo y la cooperación libre para proveerse de artículos de consumo y de habitación se extienden, sobre bases muy firmes. Los centros de estudio y escuelas libres se multiplican; no hay en Buenos Aires conferencias científicas populares más concurridas que las celebradas en los locales obreros. Las bibliotecas obreras se cuentan por docenas, y reúnen libros por millares. La literatura socialista y obrera escrita o traducida en el país es ya nutrida.

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Es de notar en este país la difusión de la doctrina y la fraseología anarquistas, suficientemente vivaces en Buenos Aires para sostener un diario.

Diferentes circunstancias lo explican. Desde luego, la escasísima instrucción y la poca o ninguna educación societaria de muchos de los trabajadores, venidos en gran parte de los países donde más florece el anarquismo. Su desarrollo mental les basta para sentirse oprimidos, pero no para defenderse de los dogmas que les prometen a breve plazo la emancipación universal. Al dar a sus fórmulas un valor absoluto, son tan inteligentes como los personajes que en sus lucubraciones oficiales presentan las instituciones argentinas como «la última expresión de la ciencia política». La literatura hiperbólica y sentimental, lo mejor que produce la política criolla, estraga también el gusto de los trabajadores, predisponiéndolos en buen número para la frase pura y simple, sin significado concreto alguno. Y el fraude y la violencia entronizados en la política del país, los odios y envidias personales que mueven a las facciones de la oligarquía, su desprecio por la ley, la ignorancia y el descuido de la clase alta en cosas que al pueblo trabajador le importan de veras, explican demasiado la existencia de sectas obreras predicadoras del odio de clase y de la violencia. Tan emparentados están la política criolla y el anarquismo, que en éste han buscado apoyo más de una vez los peores caciques de aquélla; y de los más elocuentes propagandistas de la bomba el gobierno ha sacado varios altos funcionarios, que, a juzgar por su estabilidad y rápido ascenso, deben haber resultado excelentes.

Ha contribuido el anarquismo a desorganizar en este país el movimiento gremial, y sembrando el escepticismo político en las masas, ha alejado de la organización socialista a elementos obreros sugestionables e inconscientes. Ha contribuído también, sin embargo, a despertar y difundir en la clase trabajadora ese sentimiento de solidaridad colectiva, cuyas manifestaciones han sido tan grandes en los últimos tiempos, y ha iniciado las primeras tentativas de huelga general.

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La lucha de tendencias en el seno del movimiento obrero ha determinado también la disociación de actividades cuyo desarrollo sería menos libre y completo de haber quedado confundidas como en un principio.

La organización gremial, la política y la económica de la clase trabajadora se hacen ahora por separado, si bien siempre vinculadas por la comunidad de sentimientos e ideas. Cada entidad procede con perfecta autonomía, y puede alcanzar su eficacia máxima.

Nos alejamos así de las fórmulas simples, de las doctrinas esquemáticas, y vamos desarrollando un método popular de acción histórica, tan vasto y complejo como lo exijan las circunstancias. El problema del socialismo no es en este país, ni en otro alguno, poner en práctica un plan concluido y perfecto de organización social, como lo suponen todavía los que quisieran ver siempre al pueblo perdido en las nubes del ensueño, absorto ante los mirajes del porvenir, como quieren creerlo también los perezosos y cobardes para la acción histórica necesaria, que se plantean la cuestión en falso a fin de disculpar su incapacidad de resolverla. Aquí y en todas partes, el socialismo es este problema infinitamente más vulgar, y, por eso mismo, más trascendental: dadas las condiciones actuales del país, ¿cuáles son las formas de actividad individual y colectiva que han de elevar el desarrollo físico e intelectual de la masa de la población? Y la clase trabajadora está resolviéndolo al disciplinarse en las distintas formas de acción que elevan su bienestar mensurable: el gremialismo proletario, la política, la cooperación libre.

Con la diferenciación de esas funciones, la política socialista se libra de la preocupación conservadora que pudiera embargar en ciertos momentos a las cooperativas, y de los prejuicios de clase que estrechan eventualmente el horizonte de los gremios, y puede sistematizar su acción con más inteligencia y decisión. La política socialista argentina busca sus aspiraciones de fuera del país en los pueblos adelantados y técnico-económicamente, más semejantes al nuestro, aunque no lo sean por la raza, ni por la lengua. Comienza a distinguir entre las formas de propiedad y de privilegio a los fines del impuesto, y a ver en la propiedad del suelo el privilegio por excelencia. El partido obrero argentino tiene presentes a los hombres empleados en los principales ramos de la producción, los trabajadores del campo, todavía sin asomos de organización, y se traza un programa de acción política agraria. Ha iniciado ya su propaganda para hacer pensar a los peones de las pampas en lo que se hace en Australia; se propone hacerles desear una contribución directa progresiva que acelere la división de los latifundios. Quiere proyectar poderosos focos de luz sobre campiñas que hasta ahora sólo han visto la lumbre mortecina y pestilente del candil. El cambio es grande, mas no sin precedentes en esta tierra.

¿Vamos a persistir en la política de hoz y de tahona, que deja inculta e improductiva, la inteligencia de la mayor parte del pueblo, cuando vemos a la gran maquinaria agrícola enseñorearse de la vastísima llanura y arrancarle óptimas cosechas?

¿Ha progresado en la misma medida el criterio de los gobernantes argentinos para afrontar los problemas sociales? No podemos, desgraciadamente, afirmarlo. Su táctica preferida ha sido hasta ahora la de ignorarlos, cerrando los ojos y tapándose los oídos ante las más urgentes y claras demandas. En 1894 se negó la personería jurídica a la sociedad de obreros yeseros porque, a juicio del procurador de la nación, sus estatutos eran «contrarios al interés general». En 1895 la Policía encarceló a 80 socialistas, pretextando un pequeño desorden provocado, quién sabe por quién, en una de sus reuniones. Ese mismo año se fraguó el primer complot terrorista por la policía, que anuncia haber descubierto y evitado un terrible atentado en vías de ejecución. Empezaba a hablarse de las leyes de excepción contra los agitadores, y el censo nacional de 1895, refiriéndose al socialismo, lo presentaba «como una mancha en el sol de nuestros progresos».

Los golpes del sable policial no eran los únicos que descargaba un gobierno, así inspirado sobre las espaldas del pueblo. Elaborábase al mismo tiempo el complicado sistema de impuestos internos que han encarecido la vida del trabajador, y so color de proteccionismo o por simple voracidad del fisco, se elevaban también los derechos de aduana sobre todos los artículos importados que la clase trabajadora necesita para vivir; y cuando el papel moneda tendió firmemente a simbolizar más valor, con el consiguiente descenso de los precios a papel, se puso, el mayor empeño en detener la baja del oro, fijando finalmente el agio en 127,27 por ciento, mediante la ley monetaria actual a fin de impedir el alza automática de los salarios. Y tres años después, cuando los peones de barraca y del Mercado Central de Frutos, en demanda de más altos salarios, se declaraban en huelga, apoyados por los carreros y estibadores, decretóse el estado de sitio para sofocar el movimiento, se dictó la ley en virtud de la cual el gobierno argentino puede, sin formación de causa, penar a cualquier extranjero con el destierro, y, mediante la complacencia de jueces serviles, pusiéronse trabas policiales a la naturalización, medidas arbitrarias con que se declara defender «la riqueza pública», como si hubiera riqueza más pública que la diariamente distribuída en forma de salarios, política obtusa y retrógrada, máxime en un país nuevo, despoblado y escaso de ciudadanos.

En desagravio tal vez de esa drástica intromisión del gobierno en los conflictos entre el capital y el trabajo, el ministro J. V. González, principal responsable de aquélla, preparó para el año 1904 un proyecto de «ley de trabajo», que abarcaba todos los principales puntos reglamentados por la ley en los países cultos. Aquel voluminoso trabajo, presentado cuando ya la influencia de su autor, por acercarse a su término la presidencia Roca, decaía en el congreso, quedó por su propio peso en lo más hondo de alguna carpeta de comisión, no motivó ningún debate, nunca fue estudiado en serio, y puede considerársele como una mera recopilación y contribución académica sobre la legislación social. Puede creerse; que al presentar todo un código del trabajo al parlamento de un país donde jamás se había dictado ley alguna sobre la materia, el señor González no se propuso tanto hacer obra de legislador como aumentar los lauros bajo los cuales ya se incubaba su presidencia de la universidad de La Plata.

Inició su gobierno el presidente Quintana con algunas palabras favorables a las reivindicaciones obreras. Pero al aplicar la ley del descanso dominical, encargó de reglamentarla a, una comisión de patrones y funcionarios que han desvirtuado en gran parte su acción. Así también, al establecerse el flamante Departamento Nacional del Trabajo, se le dio una dirección y organización burocráticas, del todo inadecuadas a los fines propios de esa institución; y al dictarse la ley sobre el trabajo de mujeres y niños, se ha encomendado la vigilancia de su cumplimiento a la policía y a funcionarios dispersos en varias reparticiones, donde están acostumbrados a no hacer nada, dejando la aplicación de esa ley prácticamente sin más contralor que el voluntario de algunos animosos obreros. Pero no son cuestiones de esta índole las que preocupan al gobierno del doctor Figueroa Alcorta, cuyo desdén por las reivindicaciones del pueblo trabajador ha conducido a graves y dolorosos sucesos, frescos aún en la memoria de todos.

Como resultado de las nuevas costumbres e ideas propagadas entre los trabajadores del país, vemos la mejor adaptación del productor manual extranjero a nuestro medio, y la adaptación cada vez más completa de nuestro medio al trabajador extranjero, doble movimiento que nos acerca a los países cultos.

La organización obrera, al desarrollarse se ha argentinizado, y ejerce cada día más sobre el inmigrante esa función de asimilación que ya se le ha reconocido en Norte América. Los periódicos revolucionarios de lengua extranjera han desaparecido, y apenas quedan grupos políticos segregados por la nacionalidad de origen o por el idioma. Desde su arribo, el inmigrante suele ser invitado a entrar en su gremio, y allí lo que se habla, lo que se escribe, lo que se imprime, es bien o mal dicho y redactado en nuestra lengua. No izan en sus fiestas las nuevas sociedades obreras de socorros mutuos bandera extranjera. Y son tan fuertes los nuevos caracteres que al incorporarse nuevos elementos adquiere el pueblo argentino, que ya las agitaciones obreras del litoral han repercutido tierra adentro; en Córdoba se ha visto una huelga general, y la idea de organizarse para resistir a la explotación capitalista ha prendido en los obreros de los ingenios de Tucumán.

Al cumplir nuestro primer siglo de independencia, la clase trabajadora argentina muestra su salud y su fuerza en sus aspiraciones y conquistas. Ha reducido la duración general de la jornada en las ciudades a 8 o 10 horas; ha conseguido en los últimos años que sus salarios nominales suban más que los precios, a excepción del precio del suelo; sus sociedades gremiales más fuertes han impuesto a los patrones cierta responsabilidad por los accidentes del trabajo; han elevado el respeto por el trabajador y su derecho, de asociarse; bajo la presión del pueblo obrero, se han dictado, siquiera «pro formula», algunas leyes protectoras del productor manual y de su prole; en las ciudades, la clase trabajadora viste mejor, aunque son muchos todavía los hombres que van sin camisa y usan un pañuelo en lugar de cuello; la habitación, estrecha y carísima, es motivo de las más justificadas quejas; fuera de su propia organización de lucha, la creciente cultura del pueblo se revela en su mayor respeto por la mujer, en la propaganda obrera contra el alcohol, en la aparición y florecimiento de una prensa barata, y en embrionarias tentativas de creación artística.

Y lejos de acallarse las protestas contra la esclavitud y la miseria, la clase asalariada eleva cada día sus reclamaciones más alto, empeñada en emanciparse de la sujeción al capital. A noventa y cinco años del principio de la guerra de los gauchos contra los señores de la ciudad, vemos de nuevo animada la historia argentina por la lucha de clases. ¡Pero cuán diferentes las condiciones de la lucha hace un siglo y hoy!

Ahora entra primero en acción el pueblo obrero de las ciudades, constituido, y vigorizado por elementos étnicos nuevos; la clase social de más progresivo movimiento demográfico y que, lejos de apegarse a la rutina, aspiran el orden técnico-económico a un infinito adelanto; la de espíritu menos gregario, y cuyos individuos más conservan su personalidad dentro de la asociación; clase que desarrolla sus aptitudes para la cooperación libre; que sin repudiar ninguna noble ambición puesta a su servicio, sabrá hacer usa de los ambiciosos vulgares con poco, riesgo de ser sugestionada por ellos; pueblo que lejos de querer aislarse se siente íntimamente vinculado a los otros pueblos por los lazos del comercio y del afecto; multitud refractaria a la superchería religiosa; gente que abriga un ideal positivo, sano, terrenal, el de una sociedad humana de plena libertad y cumplida justicia, basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Estos se concentran en unidades industriales y comerciales cada vez más grandes, cuyo valor asciende a sumas de difícil representación. ¿No concuerda, pues, el ideal socialista con ese modo de ver vulgar que basa la independencia personal de un hombre en la posesión de sus medios de trabajo? ¿Sería más sensato que cada empleado ferroviario aspirara a ser un Harriman, y cada productor manual quisiera acumular las riquezas de un trust?

Auguremos, pues, de la nueva lucha social la aceleración de nuestro retardado desarrollo histórico. Será un proceso progresivo, constructivo, cuyos rigores ha de atenuar todo lo que la clase gobernante haga de verdadera solidaridad humana, consciente y activa, todo lo que en su obra ponga de inteligencia, de previsión.